Cuatro presos por el aparato financiero de Alvarado

Fueron imputados por integrar una asociación ilícita liderada por Alvarado, acusado por hechos delictivos realizados para desviar la investigación del crimen de Lucio Maldonado. Cinco mujeres seguirán en libertad.

La Justicia dictó prisión preventiva a cuatro personas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a financiar los trabajos delictivos de Esteban Lindor Alvarado, quien el pasado lunes fuera formalmente acusado de liderar esa asociación ilícita y por ordenar a terceras personas a realizar atentados para desviar la investigación por el crimen de Lucio Maldonado. La jueza Silvia Castelli imputó hoy a nueve personas, de las cuales cuatro permanecerán detenidas por 59 días; se trata de Leandro S., Adrian F., Jorge B. y Carlos A. El resto de los imputados son mujeres: Rosa C., Valeria N., Estefania Daiana T., Nadia Soledad T. y Flavia G. permanecerán en libertad con reglas de conducta por el plazo de noventa días. Alvarado ya estaba imputado desde el lunes pasado, cuando se le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Las imputaciones apuntan a la asociación ilícita que funcionó al menos entre septiembre del año pasado y el 29 de abril último, con Alvarado como cabeza de la organización delictiva. Para eso repartía las tareas de la asociación en tres grupos: el primero estaba integrado por quienes "proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a las personas a cargo de ejecutar dichos delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento e identificación de personas, y las intimidaban para obtener algún tipo de beneficio para la empresa criminal". El segundo incluía a profesionales y personal policial que fundamentalmente buscaban desviar la investigación. En el tercer estamento estaban quienes hoy fueron imputados: las personas encargadas de la financiación de la organización, un "entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias".

Esas firmas eran Toia SRL, Edra SRL, Logística Santino SRL, Logística TSC SRL y Sagrado Corazón de María SRL. y como empresas unipersonales Jorge Antonio B., Nadia T., Rosa C. y Leandro S. Funcionaban como proveedores de "recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos, inmuebles para guardar rodados de la organización y para vivir a sus miembros, dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitían la ejecución diversos delitos, rodados de distinto porte que tenían disponibles para el traslado de los integrantes y la comisión de delitos, y personal dependiente de las sociedades disponibles para distintas tareas operativas de la organización", señala la imputación.